Entrada y registro judicial de BBVA en procesos de anulación de contratos sobre tipos de interés Swap

Desde diferentes despachos de abogados estamos llevando la defensa de afectados por derivados financieros Swaps que la banca española ha estado comercializado en los últimos años. En uno de los procesos que se llevan contra BBVA el Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid ha ordenado la entrada y registro de la sede madrileña del Banco con el objetivo de recoger la documentación sobre los clientes de productos `swaps` por la demanda colectiva presentada por diversos perjudicados por su presunta comercialización indebida, según la providencia dictada el pasado 13 de diciembre.

La juez Carmen Pérez ha fijado el próximo 21 de diciembre de 2010 como fecha para la retirada de los datos de los afectados por estos productos de permuta financiera o intercambio de tipos de interés, después de que el banco no los haya entregado al juzgado tal y cómo solicitó en el auto dictado el pasado 20 de
octubre.
"Visto el tiempo transcurrido sin que la parte demandante haya evacuado el requerimiento (...) y siendo que no da razones por las cuales no se ha remitido la información, se señala la fecha de 21 de diciembre de 2010" para la recogida de la documentación en la sede del banco situado en el Paseo de la Castellana, explica la juez en la providencia.
Esta es la primera vez que un juzgado español ordena la entrada y registro de una entidad financiera por no aportar el listado de todos los clientes del producto denunciado, lo que constituye el paso previo para la admisión a trámite
de una demanda colectiva, según contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Recurso ante el TC Fuentes de BBVA consultadas por Europa Press confirmaron que la entidad ha presentado recurso de reposición contra esta orden, al considerar que el plazo
para la entrega del listado finaliza mañana, 15 de diciembre, sólo dos días después de dictada la providencia.
Las mismas fuentes explicaron que también se ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que la decisión de la juez lesiona los derechos fundamentales del banco y de los clientes a la tutela judicial efectiva y a la protección de datos.
Por su parte, la juez recuerda que para la recogida de información se enviará, una comisión judicial compuesta por la secretaria judicial, que irá acompañada por las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que podrán aplicar "órdenes
judiciales" y adoptar "todas las medidas que consideren necesarias para la efectividad de lo acordado".



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