Reforma del procedimiento sancionador en materia de trafico

El Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de ley para la reforma del procedimiento sancionador en materia de seguridad vial, que contempla una única notificación, en lugar de tres, y "premia" el "pronto pago" de los infractores con un descuento del 40 por ciento del importe de las multas.

Estas son algunas de las novedades que incorpora la reforma del procedimiento sancionador, que el Consejo de Ministros remitirá a las Cortes, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien además ha subrayado el hecho de que las cuantías de las multas vayan a ser "proporcionadas al peligro potencial creado por el conductor".

Así, se fijan las cuantías de las multas en 100 euros para las infracciones leves, 200 para las graves y 500 euros para las muy graves, pero éstas podrán incrementarse hasta en un 30 por ciento atendiendo al "peligro potencial creado".

Además, se fija la cuantía de la sanción por exceso de velocidad en función del número concreto de kilómetros que se exceda sobre la velocidad máxima permitida.

El cuadro de las sanciones se revisa e incluso se eliminan algunas de las actuales, como la suspensión del permiso de conducción para las graves; sólo se podrá suspender en las muy graves y en dos meses (actualmente es entre uno y tres meses).

Por contra, se incluyen otras, como la suspensión del permiso si no se identifica al conductor del vehículo con el que se ha cometido una infracción, o la prohibición para los extranjeros no residentes en España que cometan infracciones de utilizar el vehículo durante un mes, además de anotar la pérdida de puntos.

Los infractores tendrán la posibilidad de concluir el procedimiento sancionador en quince días, mediante el pago voluntario de la sanción con una reducción de un 40 por ciento de la multa (ahora es de un 30) y, además, la reducción en ese porcentaje del tiempo de suspensión del permiso.

En los supuestos en los que el infractor ni pague ni haga alegaciones o proponga pruebas, el procedimiento se dará por concluido en un mes y la sanción será firme y ejecutiva.

También se revisa el sistema de responsabilidades cuando la infracción se haya detectado a través de un radar sin que se haya detenido al vehículo, lo que obliga a identificar al conductor para iniciar el procedimiento.

En estos momentos, la identificación del infractor es responsabilidad del titular del vehículo, pero cuando se apruebe la reforma se trasladará esa responsabilidad a la persona que se designe como conductor habitual del mismo, al considerar que está en mejores condiciones para conocer quien conducía.

La reforma también abrevia los trámites de las notificaciones y lo hace utilizando también de los medios electrónicos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) asignará obligatoriamente a las empresas o sociedades que sean titulares de un vehículo una dirección de correo electrónico (Dirección Electrónica Vial -DEV-) donde se les notificarán las infracciones.

También podrán recibir las notificaciones por vía telemática los particulares que lo soliciten.

Además, se creará un Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico en formato digital, en donde se publicarán las notificaciones que no puedan hacerse en la DEV o en el domicilio, y que va a sustituir a la obligada publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, del Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia.

El coste estimado de la puesta en marcha de esta ley asciende a 6.000 euros, según el Gobierno, que asegura que van a ser financiados con cargo a los presupuestos ordinarios de la DGT.

Con este procedimiento se van a cobrar prácticamente el cien por cien de las multas (en algunos ámbitos el 40 por ciento de las multas queda sin cobrar), según el Ministerio del Interior, quien destaca además el ahorro en servicios postales con el uso de medios telemáticos.

Interior considera que el actual procedimiento sancionador es excesivamente largo y que el sistema de notificaciones es poco operativo, y por ello ha considerado necesario reducir el tiempo que transcurre desde que se comete la infracción hasta que se impone la sanción, mediante un procedimiento más ágil.

Articulo publicado por la agencia EFE en el dia 28 de Noviembre de 2008.


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