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Recientemente, el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Pamplona ha dictado sentencia declarando la responsabilidad de una entidad bancaria por la incorrecta ejecución de operaciones de cargo no autorizadas realizadas mediante Bizum. Según la normativa aplicable, las entidades bancarias son responsables de los defectos de seguridad del sistema que determinan la ejecución de órdenes de pago no autorizadas por su cliente. En el caso enjuiciado el Banco no ha acreditado la culpa o negligencia del cliente, limitándose a aportar un listado de SMS enviados a su teléfono móvil con la clave de seguridad para realizar las operaciones, pero no acreditando la recepción. Solo una parte se refieren a los días en que se realizaron las operaciones y de estos, solo una minoría contiene claves de seguridad y por cantidades diferentes.

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En fecha 29 de abril de 2023, ha entrado en vigor la reforma de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía de la libertad sexual, conocida como la ley del “solo sí es sí”, la cual ha estado objeto de polémica al acabar con la distinción entre abuso y agresión sexual, configurándolos como un único delito y comportando una ampliación de la horquilla de las penas, siendo la pena mínima más baja y dando lugar a reducciones de condenas, así como a excarcelaciones de delincuentes sexuales. Ante la alarma social generada, la reforma contempla un subtipo agravado dentro de la agresión sexual para incrementar las penas en caso de que exista violencia e intimidación. Asimismo, se corrige el error de no tipificar la distribución pública de contenidos destinados a promover delitos de agresiones sexuales contra menores de 16 años.

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El Congreso de los Diputados ha aprobado, con fecha 14 de abril de 2023, el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que tiene por objeto desarrollar este derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. De los diferentes derechos que lo componen, el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas representa uno de los males endémicos de la Administración de Justicia. La demora en los procesos genera sobre el justiciable una situación de incertidumbre e impotencia, pues sus derechos no son defendidos, por mucho que cuente con una buena asistencia letrada, y aunque, después de meses o años de proceso al final se estimen sus pretensiones. Veremos si el Proyecto de Ley se queda o no en una mera declaración de intenciones.

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En fecha 28 de marzo de 2023 se ha publicado la Ley 7/2023, de protección de los derechos y bienestar de los animales, que entrará en vigor el 29 de septiembre de 2023. La ley tiene como principal objetivo establecer el marco normativo básico estatal para la garantía de los derechos y bienestar de los animales de compañía y silvestres en cautividad, así como intentar prevenir el alto grado de abandono. Entre otras medidas, se prevén nuevas obligaciones para los propietarios de animales de compañía, destacando la prohibición del sacrificio de animales (excepto en los supuestos previstos por la ley), la obligación de realizar un curso de formación reglamentario si se desea ser titular de perros para su correcto cuidado y, la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia, de fecha 16 de marzo de 2023, declarando que la cláusula de apertura de los créditos hipotecarios no forma parte del objeto principal del contrato, es accesoria y está sujeta al control de abusividad, contradiciendo así la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS). La sentencia se refiere a un caso, recurrido en casación, que declaró en primera instancia y en apelación la nulidad de la cláusula, así como la restitución al consumidor de la cantidad abonada por la misma. Antes de dictar sentencia, el TS planteó cuestiones al TJUE, el cual ha declarado que el juez nacional debe comprobar que el consumidor está en condiciones de evaluar las consecuencias económicas derivadas de la cláusula, entender los servicios proporcionados y verificar que no hay solapamiento entre los diferentes gastos del contrato.