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El Congreso de los Diputados ha aprobado, con fecha 14 de abril de 2023, el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que tiene por objeto desarrollar este derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. De los diferentes derechos que lo componen, el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas representa uno de los males endémicos de la Administración de Justicia. La demora en los procesos genera sobre el justiciable una situación de incertidumbre e impotencia, pues sus derechos no son defendidos, por mucho que cuente con una buena asistencia letrada, y aunque, después de meses o años de proceso al final se estimen sus pretensiones. Veremos si el Proyecto de Ley se queda o no en una mera declaración de intenciones.

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En fecha 28 de marzo de 2023 se ha publicado la Ley 7/2023, de protección de los derechos y bienestar de los animales, que entrará en vigor el 29 de septiembre de 2023. La ley tiene como principal objetivo establecer el marco normativo básico estatal para la garantía de los derechos y bienestar de los animales de compañía y silvestres en cautividad, así como intentar prevenir el alto grado de abandono. Entre otras medidas, se prevén nuevas obligaciones para los propietarios de animales de compañía, destacando la prohibición del sacrificio de animales (excepto en los supuestos previstos por la ley), la obligación de realizar un curso de formación reglamentario si se desea ser titular de perros para su correcto cuidado y, la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia, de fecha 16 de marzo de 2023, declarando que la cláusula de apertura de los créditos hipotecarios no forma parte del objeto principal del contrato, es accesoria y está sujeta al control de abusividad, contradiciendo así la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS). La sentencia se refiere a un caso, recurrido en casación, que declaró en primera instancia y en apelación la nulidad de la cláusula, así como la restitución al consumidor de la cantidad abonada por la misma. Antes de dictar sentencia, el TS planteó cuestiones al TJUE, el cual ha declarado que el juez nacional debe comprobar que el consumidor está en condiciones de evaluar las consecuencias económicas derivadas de la cláusula, entender los servicios proporcionados y verificar que no hay solapamiento entre los diferentes gastos del contrato.

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El Tribunal Supremo se ha vuelto a pronunciar sobre las tarjetas "revolving" en su sentencia de 15 de febrero de 2023. Estas tarjetas permiten disponer de un límite de dinero determinado por medio de cuotas de devolución bajas y con unos intereses altos, en muchos casos superiores al 20%, siendo estos contratos denunciados como “usurarios” al establecer un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado. Para determinar si estamos ante un tipo de interés abusivo la Ley de Represión de la Usura exige una valoración caso por caso, por lo que ante la carencia de previsión legal el Tribunal Supremo ahora fija que el interés es notablemente superior cuando la diferencia entre el tipo mediano de mercado y el pactado supera los 6 puntos porcentuales.

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El Tribunal Supremo acuerda mediante resolución 581/2023 (11/01/2023), plantear al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 92.7 del Código Civil, que prevé la denegación de la custodia compartida cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal. El recurso se basa en el automatismo del artículo, el cual podría colisionar con el interés superior del menor, afectar negativamente al libre desarrollo de la personalidad y suponer una injerencia no justificada en el derecho a la vida privada. En el caso planteado, en primera y segunda instancia se acordó la guarda compartida como medida más beneficiosa para el menor, en tratarse de un hecho puntual sin lesiones todavía no juzgado, por lo que la madre interpuso recurso de casación.